Recientemente hemos tenido noticia de la publicación, por parte del servicio de estudios del sector asegurador (ICEA), del Informe sobre el fraude al seguro español 2013. Entre otros datos y conclusiones, en él se dice textualmente que “la actuación diligente de las aseguradoras en la detección e investigación de los mismos (fraudes) permitió abonar solo 161 millones, que era la cantidad real a la que se tenía derecho (…). Es decir, se ha ahorrado a los asegurados un 72% del importe inicialmente reclamado”.
Se deduce pues, según este estudio corporativo de las compañías aseguradoras, que cuando se reclama una cantidad y la aseguradora paga menos de lo inicialmente reclamado se computa como fraude. Si seguimos este mismo razonamiento, cuando una aseguradora ofrece una cantidad determinada a su cliente y después resulta que termina pagándole una indemnización de cuantía mayor, también habría que considerarlo fraude. Pero, naturalmente, fraude de la aseguradora hacia el perjudicado.
Según el estudio de ICEA, el sector asegurador ha detectado 151.995 casos de fraude en 2013. Se calcula que el 60% de los litigios judiciales de los juzgados de primera instancia y de los de instrucción están relacionados con aseguradoras, y especialmente con accidentes de tráfico. Pues bien, si nos basamos en los últimos datos facilitados por una institución como el Consejo General del Poder Judicial, seguramente más fiables que los que filtran las aseguradoras, llegaremos a conclusiones bien distintas.
Si consideramos que, en la mayoría de los casos, las aseguradoras son condenadas a pagar –aunque, con el ánimo de ser ecuánimes, pongamos que les condenan en la misma proporción que les absuelven–, nos encontraríamos con los siguientes datos: de los 882.539 asuntos resueltos de primera instancia, siendo el 60% de aseguradoras, nos saldrían 529.593; si el 50% son condenas para las aseguradoras por no indemnizar en la “cantidad real a la que se tenía derecho”, resulta que, solo en los juzgados de primera instancia, el fraude cometido por las aseguradoras sería de 264.761 casos. Si aplicamos el mismo criterio e idéntico cálculo a los 662.867 asuntos resueltos en juzgados de primera instancia e instrucción, el resultado serían 198.845 casos sentenciados contra las aseguradoras. Sumando ambos, nos sale la escandalosa cifra de 463.606 casos de fraude del seguro hacia los asegurados, en este caso ciudadanos perjudicados.
Si además tenemos en cuenta que menos de la mitad de los siniestros llegan a judicializarse, puesto que la mayoría se arreglan de forma amistosa, la cifra antes mencionada sería sin duda mucho mayor. Sin olvidar que existe otro tipo de fraude encubierto: el que se hace por acuerdos entre aseguradoras en virtud de los convenios de indemnización suscritos entre ellas, de los que los asegurados no tienen conocimiento, y que implica que al final es la propia aseguradora del perjudicado la que termina negociando con este el importe de su indemnización.
Supone esto que el perjudicado no es asesorado de forma independiente, puesto que el seguro que contrató para poder defenderse en caso de siniestro, es al final quien le va a pagar, y evidentemente le pagará lo menos posible. Por ello, debido a este sistema de acuerdos entre compañías, el perjudicado, sin saberlo, es al final “supuestamente asesorado” por quien le paga, no por quien debería defenderle. Por otro lado, no olvidemos que el fraude, así entendido, es de mayor reproche moral para el seguro que para el ciudadano. No resulta difícil entender que una aseguradora dispone de abogados, peritos, investigadores y tramitadores expertos en la gestión de siniestros de todo tipo. Por ello sabe perfectamente cómo y en cuánto evaluar un siniestro. Por el contrario, cada vez que un simple ciudadano sin apenas medios a su alcance consigue que un juez le otorgue una indemnización mayor que la ofrecida por la aseguradora, es toda una proeza.
A partir de estos datos y estas consideraciones, las compañías aseguradoras deberían al menos reflexionar, cuando no caérseles la cara de vergüenza. Su potencial de comunicación es lógicamente mucho mayor que el de los ciudadanos de a pie, y en él se apoyan para generar informaciones que sirvan a sus intereses. En este caso, tratando de hacer creer a la opinión pública que ellas son las víctimas de un fraude que en realidad resulta ser artificioso. Porque, a la vista de estos datos, ¿quiénes son los mayores defraudadores?
Fuente: http://cincodias.com/